DENUNCIAS PRESENTADAS EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE LA JULIA/META.


la julia

RESEÑA HISTORICA

 Los llanos Orientales históricamente es un territorio que fue colonizado por individuos y familias desplazadas, que buscaban resguardar sus vidas del terror oficial que se recrudeció en los años 40 y 50, producto de la guerra bipartidista, ha sido  refugio de migrantes de otras regiones, quienes han llegado a buscar opciones de vida generadas por la diversidad de bonanzas (quina, pieles, caucho, marimbera, petróleo  y coca). La posibilidad de producción agroindustrial, economía latifundista y la implantación de Megaproyectos hacen de ésta región un gran atractivo para las multinacionales convirtiéndola en uno de los escenarios del conflicto. En el marco del desarrollo del conflicto político Social y Armado que vive  el país, esta región,  fue zona donde se desarrollaron los diálogos con la insurgencia, razón por la cual ha sido  estigmatizada por parte del Gobierno atreves  de la Fuerza Pública, los medios de comunicación y los enemigos del proceso de paz, quienes califican a los habitantes de estos territorios  como miembros de la insurgencia de las FARC EP.

Desde la implementación de la Política de «Seguridad Democrática» y la puesta en marcha del Plan Patriota en 2004, desarrollada en su esencia como una política militar de recuperación y consolidación de los «antiguos territorios dominados por la insurgencia», especialmente la Región del Ariari-Guayabero, se ha producido la violación sistemática del Derecho Internacional Humanitario, de los Derechos Humanos de los pobladores, así como de sus garantías procesales mínimas. El sentido bélico de los planes implementados por el Estado colombiano procura justificarse en «la lucha contra el terrorismo», donde no hay cabida para la aplicación del Principio de Distinción entre combatiente y población civil, pues las necesidades operativas de las acciones exigen resultados concretos para justificar la excesiva presencia militar en los territorios.

En este sentido, en la Región del Ariari-Guayabero, así como en otras zonas del país, esta lógica operativa militar ha traído como resultado, por una parte, las recurrentes ejecuciones extrajudiciales de campesinos, comerciantes, pobladores de «los territorios en recuperación», quienes son presentados como «guerrilleros dados de baja en combate».  Por otra parte, y como la otra cara de la misma macabra moneda, también se han desarrollado políticas de persecución judicial en cabeza de las mismas fuerzas militares presentes en la zona bajo la acusación de ser «auxiliadores de la guerrilla».

 

A partir de la ejecución de este plan, las operaciones militares se tradujeron en violaciones sistemáticas a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario relacionadas directamente con las unidades militares que operan en la región y que se encuentran integradas en la Fuerza de Tarea Conjunta Omega – FUTCO – cuyo despliegue militar, pie de fuerza y lógica de operaciones no tiene parangón en la historia de Colombia.

 

El PCIM como política de guerra local.

La Política de Seguridad Democrática – PSD – ha tenido una serie de desarrollos que se enmarcan en la aplicación de un modelo de control social intensivo en la parte militar y con el fin de lograr la presencia de la institucionalidad estatal en los territorios alegados de los centros urbanos. Esta es la tesis tanto del gobierno nacional como del aparato de Estado que han venido constituyendo y perfeccionando, bajo el dominio del esquema militar, a través de sendos procesos que ha denominado la Política de Consolidación Territorial.

La importancia y trascendencia de este plan en los contextos regionales y locales, por el impacto generado en las comunidades campesinas, se centra en la construcción de un aparato de control social y territorial sin precedentes en la historia colombiana dado el grado de tecnificación y de inversión de recursos para la puesta en marcha de la Política de Consolidación Territorial. La implementación de esta política ha generado niveles de violencia bastante altos en los territorios, en detrimento del tejido social de las zonas a consolidar a razón de que la SEGURIDAD, vista como lucha contrainsurgente, se convierte en el único y principal objetivo de las estructuras del Estado, olvidando sus obligaciones naturales con la población civil.

 

El primero de los planes de consolidación puesto en marcha con las características antes descritas fue el Plan de Consolidación Integral de La Macarena – PCIM –, programa aparentemente social que buscaba generar condiciones para garantizar la seguridad de las comunidades y, a partir de esto, el desarrollo social de los territorios. Si implementación fue de manera gradual y se tomó como área específica los 06 municipios

Que comprenden la Sierra de La Macarena: Vistahermosa, Puerto Rico, La Macarena, San Juan de Arama, Uribe y Mesetas.

 

La lógica del accionar conjunto de las diversas entidades estatales, concentradas en este cuerpo especializado de Consolidación Territorial ha tomado como premisa básica la tesis de que la Recuperación de la Seguridad por la Fuerza Pública es la base para la construcción de la confianza entre el Estado y la Ciudadanía en zonas de conflicto. Partiendo de esta premisa básica se obvia y se niega las contradicciones que llegaren a existir entre Seguridad y Desarrollo Social, planteando una simbiosis operacional entre estos dos conceptos. Es por ello que dentro de la fraseología institucional se reitera que “la inversión militar es inversión en la construcción de la confianza inversionista y de contera inversión en el desarrollo social de las comunidades”.

 

Para el desarrollo de esta política se han invertido recursos del nivel nacional, departamental, municipal, además de la cooperación internacional captada, apoyada principalmente por el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica a través de la USAID y el Reino de los Países Bajos.

Los crímenes perpetrados en la región del Ariari-Guayabero desde la implementación de los planes de recuperación territorial, expresan la lógica de la política de «Seguridad Democrática» en el desarrollo de métodos y mecanismos de represión anclados en la Doctrina de la Seguridad Nacional y tecnificados en las Políticas de Acción Integral, tal como se ha venido planteando. A la población civil o se le vincula en la guerra tomando parte de la lucha contrainsurgente en lo que el gobierno nacional ha denominado «red de cooperantes o informantes»; o, por el contrario, se le estigmatiza, se le judicializa, se le persigue, se le desaparece o se le ejecuta sumariamente bajo el mote de ser “auxiliador de la guerrilla”. Para justificar el crimen cometido en contra de estas comunidades, se puede trasladar la responsabilidad del hecho a los «grupos ilegales», a las  “Bandas Criminales Emergentes”, entre otros grupos, todos ellos nuevas denominaciones dadas por el gobierno nacional y la cúpula militar a los grupos paramilitares, permitiendo con esto que la institución castrense salga librada de todo mal.

 

 

 

“A la vereda Los Pinos del Municipio de Vista Hermosa entraron los militares por primera vez en el año 2003, dejando a su paso un sin número de daños en las fincas y a sus propietarios, tales como allanamientos ilícitos, retención domiciliaria, retenciones masivas, torturas, amedrentamientos, matanzas, quemas de viviendas, robos de objetos, robos de animales, destrucción de cultivos, daños de cercas, destrucción de vías de penetración, entre otros. Estos hechos se vinieron presentando durante todos estos años sin darle tregua a la población que hoy día se han desplazado en un número significativo.” Informe del Comité de Derechos Humanos de Vista Hermosa  – Meta,  21 de Abril de  2009.

 

Esta relación de crímenes atribuidos a la Fuerza Pública o en complicidad con ella no corresponde con los planteamientos de consolidación social del territorio planteado por el PCIM y por la Política de Seguridad Democrática, la construcción de la Democracia y la presencia institucional del Estado con el fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos, por el contrario, muestra a la presencia de la Fuerza Pública como un factor desestabilizante para las comunidades. Precisamente, en los territorios donde el PCIM ha avanzado en su inversión y presencia institucional son aquellos donde mayor índice de casos por violación de derechos se presente, y donde se empieza a reconocer ampliamente la presencia paramilitar.

 

EFECTOS AMBIENTALES POR FUMIGACIONES AEREAS

 

En los últimos años las fumigaciones aéreas efectuadas con glifosato, han venido implementando de manera más focalizada hacia los pequeños cultivos de uso ilícito, que no sólo afecta a estos cultivos, sino que también contaminan la producción agropecuaria (plátano, yuca, maíz y arroz) potreros con pasto, los bosques, rastrojos, animales (perros, cerdos, gallinas y bovinos), fauna, los nacederos de agua y los peces.  Asimismo, vienen afectando propuestas de seguridad alimentaria estatal y no gubernamental, alterando la capacidad productiva de los suelos elevando la acidez del mismo y dejándolo infértil. Los campesinos del municipio de Puerto Rico estiman que casi del 70 % del área ha sido fumigada con este veneno, en el departamento del Guaviare y Vichada el 99 %; estas fumigaciones iniciaron desde el año de 1996 de forma discriminada (12 veces al año).

 

Otras de las preocupaciones es el efecto residual del glifosato que se encuentra en ríos, caños, pozos y nacimientos de agua, de que los pobladores obtienen agua para cocinar y beber, afectando gravemente a familias, animales y cultivos. El entorno de estas fuentes están contaminadas, con el agravante que algunos de estos caudales de agua desembocan en los ríos del Duda, Güejar, Uva, Lozada, Unilla, Itilla, Vaupés, Ariari, Guayabero, Guaviare y Vichada.

 

De igual manera  luego del levantamiento de la Zona de Distensión ha habido fuerte presencia militar en la región que ha traído consigo la vulneración de D.D.H.H, del D.I.H y de Ejecuciones extrajudiciales además se ha desatado una persecución, especialmente contra los líderes de sus comunidades, de cuyo resultado han ocurrido varios asesinatos a manos de agentes del Estado, detenciones arbitrarias masivas y selectivas, empadronamientos, bloqueo alimentario, actos de pillaje, desplazamiento forzado, control a la misión médica; estigmatización de la movilización de sus habitantes, mediante señalamientos por integrantes de la autoridad civil y agentes de la fuerza pública; situación que se ha agravado con el escalonamiento del conflicto, a través de bombardeos y ametrallamientos indiscriminados desde cascos poblados como La Julia hacia las fincas de los habitantes de veredas aledañas sin justificación entendible alguna.

 

CASO DEL MINUCIPIO DE LA URIBE, TERRITORIO DE PAZ

 

Durante el gobierno de Belisario Betancur, la Uribe se convirtió en la zona de negociación entre el gobierno y las FARC, Los Acuerdos de La Uribe o Acuerdos de cese al Fuego y Tregua fueron los acuerdos entre la guerrilla colombiana Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejercito del Pueblo (Farc-EP) y el gobierno el 28 de marzo de 1984 , en los cuales las partes firmantes se comprometen a un cese bilateral del fuego y la búsqueda conjunta de una salida política al conflicto armado colombiano. El Documento fue suscrito por una Comisión de Paz, Diálogo y Verificación, en representación del gobierno, y por el Estado Mayor de las FARC-EP y firmado en el campamento conocido como Casa Verde en el municipio de La Uribe, Meta. El marzo de 1984, las FARC ordenaron el cese al fuego a sus 27 frentes guerrilleros, mientras que el presidente Betancur también ordenó lo mismo a todas las autoridades civiles y militares del país.

 

Al año siguiente es fundada la Unión Patriótica, No obstante varios años después el partido es exterminado por paramilitares, la inteligencia colombiana, entre otros sectores radicales, las FARC aun mantenían sus ganas de continuar el proceso de paz y que si se invadía Casa Verde ya sería un imposible volver a dialogar, es así que el ejercito empieza a lanzar ataques en medio de la tregua.

 

Desde entonces las FARC-EP, con Alfonso Cano como negociador pedían al gobierno de Cesar Gaviria participación en la Asamblea Nacional Constituyente; el grupo guerrillero pedía la ampliación de las curules (que eran 72) y que se les concediese la mitad en caso de que se aumentaran, además se estudiaba la posibilidad de ir armados, el gobierno se negó pero la propuesta era todavía negociable, desgraciadamente no se llegó a ningún acuerdo.3

La Operación empezó a las 2:05 de la tarde cuando las tropas de la XIII Brigada se prepararon para ir a La Uribe para iniciar el ataque, con la ayuda del Instituto Geográfico Agustín Codazzi localizaron el campamento a la izquierda del Río Duda. Las tripulaciones de dos K-fir, nueve aviones AT-37 y dos aviones AC-47, cargados sin excepción con bombas de 250 libras y los pilotos de siete helicópteros artillados UH-60; cinco helicópteros UH-1H; dos Bell 212, dos helicópteros Hughes, dos Bell ambulancia y un Hughes de comando y enlace, tendrían entre las seis y las once de la mañana para cumplir con el desembarco de 640 hombres, de nuevo mostrando así que el gobierno no tenia ningún interés real de seguir con el proceso y que la paz para ellos es sinónimo de terrorismo de estado, siendo de nuevo el Municipio de la Uribe unos de los lugares que históricamente ha sentido la crudeza de todas las formas e intensidad del conflicto.

 

INSPECCIÓN DE LA JULIA

 

La inspección de la Julia, es hoy día unos de los lugares donde la arremetida militar del estado Colombiano vive literalmente con la población convirtiéndose en la sede de tres bases militares lo cual viola el D.I.H, a su vez que los militares y soldados en sus patrullajes ocupan las fincas y en muchos casos dejan artefactos explosivos dentro de los terrenos pertenecientes a los campesinos, poniendo en peligro la integridad física de sus habitantes.

la Julia es hoy día uno de los puntos clave de la tercera fase del Plan Patriota lo cual implicó una fuerte militarización de la zona y una atroz arremetida contra la población y ahora, en sus más de 700 kilómetros cuadrados, se libran intensos combates entre las Farc-EP y el Ejército.

allí se encuentra la Agrupación de Fuerzas Antiterroristas Urbanas -Afeau-” del ejército nacional,  siendo la población civil la más expuesta y vulnerada, violándose allí todos los principio del D.I.H, y estando expuestos hombres y mujeres, niños y niñas, a las atrocidades, barbaries y toda clase de aberraciones y dolorosas consecuencias del Conflicto armado y del Ejercito Colombiano.

 

 

RESULTADOS DEL ENCUENTRO

“La tarea es emprender un trabajo de DDHH en todo el oriente colombiano”

Asistente a la Audiencia

 

Los días 25, 26 y 27 de agosto de 2102  se realizó en la Inspección de la Julia, jurisdicción del Municipio de Uribe/Meta el Encuentro Regional por los Derechos Humanos -POR EL DERECHO A LA VIDA, LA TIERRA, EL TERRITORIO, EL MEDIO AMBIENTE Y LA PAZ-, al cual acudieron más de dos mil campesino e indígenas de la región. En dicho encuentro se presentaron múltiples denuncias de violación de los derechos humanos y violación al Derecho Internacional Humanitario; en su mayoría perpetuados por fuerzas del estado en contra de la población civil y los cuales han sucumbido en la impunidad a lo largo del tiempo.

Participaron múltiples delegaciones de campesinos, indígenas, afros descendientes, defensores de Derechos Humanos, organizaciones sociales, comunales, y personalidades como Piedad Córdoba miembro de la junta patriótica nacional del movimiento político marcha patriótica y el representante a la cámara por los pueblos indígenas Hernando Hernández Tapasco.

Fue fundamental la realización de este evento para la visibilización de la grave situación a la que día a día se enfrenta  la población civil en los cascos rurales de todo el oriente Colombiano por el asedio constante de las fuerzas militares y la preocupación la tente de la presencia de grupos paramilitares como parte de la estrategia del terrorismo de estado.

“La asociación posee un predio que se localiza entre la base del ejército y la base de la policía. En días pasados  se encontró una mina en el lote, los representantes de la asociación informaron al ejército para que revisaran el predio y tomaran medidas en el asunto. Según algunas muestras en el terreno, son minas. El ejército no ha ido al predio a revisar el minado. La base se encuentra a aproximadamente 300 metros.”[1]

Dentro de las denuncias recogidas por la Corporación Solidaridad Jurídica sobresalen las vulneraciones a los D.D.H.H y al D.I.H: acciones tales como bombardeos, ametrallamientos indiscriminados, empadronamientos, desapariciones forzadas, asesinatos extrajudiciales, allanamientos sin orden judicial, detenciones masivas y arbitrarias, hurtos permanentes, ocupación de tierras así como amenazas por parte del ejército de manera pública contra la población civil y los líderes de organizaciones sociales. Dichas acciones han sido la constante durante los últimos diez años en la región.  Las siguientes denuncias son un claro reflejo de los abusos permanentes por parte de la fuerza pública.

“La víctima salió a la 1 pm de Mesetas hacia Costa Rica (San Juan de Arana.) En San Juan debía hacer transbordo y esperando el vehículo la cogieron 3 personas (hombres) y la subieron a un taxi que tomo la vía que va a Mesetas. Apareció muerta en un lugar llamado la YE con un disparo en la cabeza,  fue torturada” .[2]

“Aparece un cartel donde se anuncia que el señor José del Carmen Olaya Figueroa es auxiliador de las FARC EP, por lo cual hay una orden de captura en su contra. El señor José no se ha escondido y no ha recibido notificación para presentarse ante un juez”.[3]

“El día 19 de mayo de 2012, después de un enfrentamiento entre las FARC EP y el ejército nacional (brigada móvil No 1) se acercaron a las propiedades del señor Álvaro Enciso destruyendo sus enceres, como ropa, alimentos, electrodomésticos, gafas de uso personal y un millón ochocientos mil pesos en efectivo. Destruyeron fotos, mataron dos vacas avaluados en 2 millones cuatrocientos y aves de corral, se robaron la herramienta de la finca. Todos estos daños están avaluados en 6 millones setecientos cuarenta mil pesos”.[4]

Dentro de las denuncias recogidas también sobresalen varios casos sobre la violación a los derechos de las comunidades indígenas por medio de detenciones arbitrarias, hostigamientos, desplazamientos, amenazas, intimidaciones, torturas, lesiones, etc. Todas estas modalidades aplicadas a dichas comunidades se enmarcan dentro de la violación al Derecho Internacional Humanitario y a los Derechos Humanos.

“El día 01 de agosto de 2008, la brigada Móvil número 10 del ejército nacional detuvo al joven Edwin en la vereda candilejas. Posteriormente fue asesinado. La familia no presencio el asesinato pero el ejército confesó el asesinato al entregar el cuerpo. El cuerpo presentaba signos de agresión física y tortura. Posteriormente el ejército amenazó a la hermana de Edwin después de un enfrentamiento verbal. La amenazaron y le dijeron que la iban a dejar como al hermano si seguía “jodiendo”.[5]

 

 

 

“1-Aparece artículo en El Tiempo donde se señala que los territorios del resguardo indígena Yaguara II han sido repoblado por la guerrilla con indígenas del Cauca , ESTIGMATIZANDO Y SEÑALANDO A LA comunidad. 2-La fuerza pública realiza bombardeos y ametrallamientos en el territorio del resguardo indígena, a escasos 60 metros de la vivienda de una familia indígena, afectando cultivos de plátano,  dejando animales de ganado muerto y la afectación sicológica en la comunidad, violando así la ley 89 de 1890 y el auto 004 de 2009 3.  Nuevamente aparece artículo en El Tiempo donde se señala que las comunidades indígenas de la Macarena están legalizando tierras para la guerrilla, lo cual es totalmente falso”.[6]

Todo esto ligado a la explotación y apoderamiento de las riquezas naturales y minerales, la posición geoestratégica del oriente Colombiano como zona fronteriza, entre otros factores, son las principales razones por la cual la gran presencia del pie de fuerza y la continua agresión del paramilitarismo para desplazar, masacrar, robar, violar y desaparecer a la población civil, incluyendo esto, cualquier manifestación de resistencia o rastro alguno de existencia en la región.

Para esto un sector importante de la población como lo son los jóvenes de la región, se está organizando entorno al trabajo de  D.D.H.H, con el fin de poder trabajar para construir una solución a la grave situación y violación fragante en el Municipio de la Uribe y toda la región, articulando un trabajo que inicie y está en proceso, desde cada una de las veredas.

Pero no solo el tema de la biodiversidad es el que es llamado a defender, sino también la lucha por todas las reivindicaciones del pueblo Colombiano como lo son la salud, la vivienda, la soberanía alimentaria, la educación, el transporte, además de el llamado a alzar la voz ante la urgente y grave crisis de salud pública y alimentaria a la que se están expuesta por las fumigaciones indiscriminadas.

Es importante no dejar atrás la grave condición psicosocial a la cual están expuestos todos los pobladores de la región por los bombardeos indiscriminados, continuos y cercanos a los caseríos, el señalamiento, estigmatización, y judicialización masiva e individual de los pobladores de estos sectores, el saqueo y acampamiento de las fuerzas militares dentro de fincas, escuelas y caseríos poniendo a la población civil como carne de cañón, el

 

 

Abandono por estos de elementos explosivos y peligrosos que han causado ya victimas, especialmente menores de edad, la violación y acoso a niñas y mujeres, la agresión física y psicológica indiscriminadamente, el asentamiento de bases militares junto a los poblados, la utilización desmedida y peligrosa de granadas para asegurar terrenos vecinos a caseríos, daño en bienes ajenos, empadronamientos,  bloqueos de alimentos y combustibles

A raíz de las denuncias recolectadas podemos evidenciar una clara actividad de violencia política realizada por agentes del estado y que en estos casos es tipificada como violación a los

Derechos Humanos. . “Se entenderá por Violencia Política aquella ejercida como medio de lucha político-social con el fin de destruir o reprimir a un grupo humano con identidad dentro de la sociedad por su afinidad social, política, gremial, étnica, racial, religiosa, cultural o ideológica, esté o no organizado”,[7]

Dentro de este modelo represivo especifico podemos ver un  claro fortalecimiento de las tropas en cuanto a movilidad y poder de fuego.  La Brigada Móvil 10 (asentada en La Julia) y la cual pertenece a La Fuerza de Tarea Conjunta Omega (FUTCO), la cual es una unidad de las Fuerzas Militares de Colombia integrada por aproximadamente 21.000 miembros del Ejército de Colombia, la Fuerza Aérea Colombiana y la Armada de la República de Colombia. Esta brigada móvil aparece presente en muchas de las denuncias recogidas por nuestra organización y por lo tanto podemos afirmar  que es el ejército y la fuerza pública en general los actores de las atrocidades cometidas a esta población vulnerable. Es de suma importancia anotar que dicha zona ha sido estigmatizada como colaboradora de la insurgencia por lo cual los diferentes métodos de agresión y violación a los Derechos Humanos han sido múltiples; desde asesinatos extrajudiciales hasta la aplicación de la guerra sucia y actividades encubiertas.

“El día 10 de febrero de 2003 mi esposa Benilda Gómez de Castellano fue a la vereda el Tocumaral, pero en camino la asesinaron paramilitares. Alias Robayo o Arroyabes fue quien dio la orden de asesinarla. Fue alias el paisa, supuestamente por habernos trasladado de vivienda ya que salimos de la vereda alto de Tocumaral para el municipio de Uribe, los paramilitares se enteraron y nos acusaron de vivir en una zona guerrillera. Hasta

 

 

El momento no se ha tenido noticia de la fiscalía, ni se iniciaron las investigaciones pertinentes”.[8]

“Siendo las 11 de la mañana del 6 de agosto de 2012, se presenta el gobernador del resguardo Nasa a la fiscalía de mesetas para averiguar sobre la situación del señor Celio Escue, que es acusado por rebelión. Nuestra comunidad pide y exige respeto por nuestros líderes. Que no seamos atropellados, acusados y señalados como guerrilleros.

Un análisis que podemos hacer luego de observar las denuncias recogidas por medio de testimonios personales es bastante claro. El uso y el abuso de la  autoridad  hacia la población civil ha sido una constante histórica  en la región, sobre todo y con más ímpetu,  luego de la ruptura de los diálogos de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y la guerrilla de las F.A.R.C. en el 2002.

“La brigada móvil número 10 del ejercito detuvo a Gerardo en la vereda Mansitas.  Al día siguiente, 16 de enero de 2007, fue asesinado en la Macarena. Su cuerpo apareció gracias a la información del personero de la Uribe”.

La impunidad también es un factor primordial que se ve reflejada en todas las denuncias presentadas y que  permea el conflicto armado en la zona,  por medio de la cual se establece una política de Estado que pretende invisibilidad, acallar e intimidar a una población que busca salidas políticas al conflicto armado en la región.

“Ninguna amenaza  o seguimiento anterior, montaje: la víctima recibió un papel por parte de un agente del ejercito en el que se declaraba la muerte de la víctima. “Usted está muerto”. Presentado el papel, usted aparece muerto”.[9]

Otra de las grandes dificultades que se afrontan en los llanos orientales es el problema de la tenencia de la tierra, que ha pertenecido por varias generaciones y ancestralmente a indígenas y colonos de la región, que forjaron y construyeron poco a poco vidas, familias y pueblos donde se han criado y crecido colombianos y colombianas, de los cuales aun muchos de ellos siguen resistiendo y trabajando la tierra incansablemente.

Los problemas en los llanos orientales también los viven los presos políticos en las diferentes cárceles ubicadas en la región, acusados injustamente por testimonios de falsos

 

 

desmovilizados y señalados de la manera más infame, muchos de estos actualmente se encuentran en procesos largos y dilatados llenos de falsas pruebas y otros ya condenados morir en vida, siendo también perjudicados sus familiares esposas e hijos quienes en muchos casos deben dejar sus estudios y abandonar sus lugares de habitación.

En la audiencia fue fundamental la participación y denuncia por parte de las juntas de acción comunal y organizaciones de carácter veredal y regional como lo fueron la JAC de la Julia, la Uribe,  la primavera, san José de la macarena, el tigre, santa Elena, gaviota, el recreo, buenos aires, la pista, la amistad, la belleza, la estrella, la espelda, el paujil, san Carlos, Yarumales, las rosas, nuevo porvenir  y toda la región del bajo duda, entre otras; los comités de D.D.H.H veredales de villa esperanza, comuneros, puerto cervaux, vista hermosa,  Santander, Argelia, guayabero, bajo Guaviare; asociaciones campesinas como acatm y pueblos indígenas de resguardos y comunidades de la julia, planes, hondas del cafre, paraíso(asentamiento emberá chamí, nuevo milenio, candilejas, yaguara 2; Corporación solidaridad jurídica, fundación D.H.O.C, M.U.C.A.P.O.C, F.E.N.S.U.A.G.R.O, C.U.T, C.N.D,

MOVICE-META y otras organizaciones convocantes, gremios de ganaderos, comerciantes, agricultores, y transportadores como COTRANSARIARI; Por otro el alcalde del municipio de la Uribe se comprometió a acompañar todos los procesos que estén encaminados a velar y trabajar por la defensa de los Derechos Humanos.

Por último podemos decir que los montajes judiciales, más conocidos como falsos positivos judiciales, son una constante en la región y por medio del cual se pretende desarticular todo un movimiento social que viene luchando contra la violencia  y las agresiones por parte de la fuerza pública desde hace ya muchos años.

“Fue retenido por el ejército en la zona urbana de la julia. Fue reportado como capturado en combate y fue presentado como guerrillero. Ese día detuvieron 3 personas más. En estos momentos se encuentra bajo la medida de casa por cárcel en Bogotá. Tenía a cargo el sostenimiento de la madre, adulto mayor”.[10]

Es de gran importancia resaltar que el planteamiento general se dio entorno a el trabajo y participación frente a la solución política al conflicto social y armado, relevante el proceso de diálogo y la inclusión de las comunidades, ya que la paz se refiere no solo al cese al fuego de las partes en el conflicto armado, sino que comprende aspectos más amplios y cotidianos de las comunidades, se trata de paz asociada a bienestar, seguridad social, educación, una paz con justicia social.

Al finalizar el evento y las intervenciones se recogieron de manera escrita:

36 documentos de denuncia de carácter colectivo

1 documento de denuncia de presos políticos de la cárcel de granada meta

56 casos documentados de denuncia individual .

 

 

 



[1] Denuncia: Querubín Muñoz /Asociación de adulto mayor de la Uribe (23-25 agosto 2012)

[2] Denuncia: Luz Dary Zambrano/San Juan de Arana (29 septiembre 2002) perteneciente a la U.P.

[3]Denuncia: José del Carmen Olaya Figueroa, junta de acción comunal/ parte del comité conciliador (Uribe-Planes)

[4] Denuncia: Álvaro Enrique Enciso, Nelsa Adela Pineda, Andrés Felipe Enciso junta acción comunal La Estrella

[5] Denuncia: Edwin Jwien Tombe Yande/cabildo indígena -Meta/Candilejas: 01 agosto 2008

[6] Denuncia: Hermes Guainas Subu/ Resguardo Yaguara II

[7] MARCO CONCEPTUAL BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA Centro de Investigación  y Educación Popular – CINEP

[8] Denuncia: Hernán Castellano/Junta de acción comunal libertad la Uribe

[9] Denuncia: Julio Cesar Aguilar Gracia /Asoproajup/18 de agosto 2012

[10] Denuncia: José Luis marcial González cabildo indígena la julia

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply