Fallece Otro Prisionero Político en La Cárcel del Barne en Boyacá


barne

Las Corporación Solidaridad Jurídica, Organización defensora de Derechos Humanos, en nuestra calidad de sujetos de especial protección a la luz del derecho nacional e internacional, nos permitimos poner de manifiesto nuestra profunda preocupación por  la muerte del prisionero político Rigoberto Sánchez Estupiñan, recluido en el patio 8 del Barne-Boyacá.

Denunciamos ante la comunidad nacional e internacional que por clara negligencia, tanto del  Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), a través de sus directores y comandantes  de vigilancia  del establecimiento de reclusión, como la prestadora del servicio de salud fiduprevisora, toda vez que el pasado 1 de noviembre del año en curso, el señor Rigoberto Sánchez Estupiñan, presentó un gravísimo cuadro de salud, y para que el INPEC se dignara a trasladarlo a urgencias del hospital San Rafael de Tunja, les tocó a los compañeros de reclusión del patio 8 hacer una protesta y no dejarse contar para así  presionar a la guardia a llevar al compañero al servicio médico.

Pero la negligencia y desidia del INPEC  al llegar al servicio de urgencias, los galenos de turno medio lo revisaron, le tomaron algunos exámenes, de los cuales nunca se supo el resultado, y concluyeron que el caso no ameritaba urgencia, por lo que el INPEC lo llevó nuevamente al reclusorio.

Pasaron 19 días y su estado de salud empeoró, pues jamás quisieron someterlo a un tratamiento médico perentorio,  así como los del INPEC tampoco se preocuparon por sacarlo a los exámenes médicos, pese a una tutela en su favor y más de 8 meses de solicitud de atención médica.

Pasaron 19 días ya que el 19 de noviembre la salud del compañero Rigoberto llegó a su limite, pero el INPEC no quiso llevarlo al hospital, permaneciendo varias horas en la enfermería del reclusorio y desangrándose, hasta que nuevamente a los compañeros de patio no les quedó otra alternativa que protestar y no recibir alimento, logrando que el INPEC accediera a trasladar el enfermo al hospital.

¿Cómo es posible que unas reglas impuestas en un reclusorio  primen sobre la  vida de un ser humano?

¿Acaso por el hecho de estar preso, no tiene derecho a la vida?

¿Por qué para salvar una vida tiene el INPEC y el centro carcelario inventarse protocolos tendientes a que los reclusos terminen en una tumba?

Si no es por la presión ejercida mediante protestas y huelga de hambre de los compañeros de lucha y del patio 8 del Barne, el señor Rigoberto Sánchez Estupiñan hubiera fallecido en la enfermería de la cárcel.

Como quiera que finalmente el INPEC trasladó al hospital San Rafael de Tunja, allí el pasado sábado 19 de noviembre  los galenos se dignaron a tomarle un tac de cerebro y varios exámenes de sangre, dejándolo en observación con oxigeno y suero.

Pero como los protocolos están por encima del ser humano en este país, a su esposa Luz Duran no le permitieron ingresar el sábado ni ayer lunes a hablar con su esposo por no tener un permiso  del centro carcelario, solamente la guardia del INPEC encargada de vigilar al enfermo le permitió entrevistarse con el neurocirujano del hospital, y eso porque éste necesitaba la orden de un familiar para hacer una toma de medula ósea.

El caso es que por la negligencia, todo desencadenó en un final trágico, pues el prisionero político Rigoberto Sánchez Estupiñan, identificado con cedula de ciudadanía número 74321939,  y quien se encontraba recluido en el pabellón # 8 del EPAMSCAS del Barne-Boyacá, sitio de agrupamiento de los prisioneros políticos como producto de los acuerdos establecidos entre el gobierno nacional y la insurgencia de las FARC-EP, falleció el 22 de noviembre en el hospital San Rafael de Tunja- Boyacá.

SOLICITUDES Y PETICIONES

Bajo esta circunstancias, exigimos para que de manera inmediata se ordene tomar las medidas necesarias Y SE ORDENE UNA INVESTIGACION EXAUSTIVA que logre determinar las causas reales del fallecimiento del prisionero político Rigoberto Sánchez Estupiñan, y en caso tal se ordenen las sanciones penales y disciplinarias en caso de haber responsabilidad por omisión médica o del cuerpo de custodia.

De igual forma reiteramos la solicitud de establecer una reunión de carácter urgente con las directivas del establecimiento y las instituciones de control delegados de la ONU y delegado de nuestra organización para aclarar las circunstancias en las que se presentaron estos lamentables hechos.

En este momento una delegación de nuestra Corporación hace acompañamiento en el hospital para esclarecer los hechos.

Hacemos un llamado a las autoridades penitenciarias así como al gobierno nacional en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, el ministerio de Justicia, la Fiduprevisora y el INPEC para que se inicien las investigaciones y se establezcan responsabilidades ante esta repetida e infame situación.

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