INFORME: 1 AÑO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE AMNISTÍA


informe

“Dilaciones, Fisuras y Omisiones”

El presente informe da cuenta del primer año de implementación del procedimiento establecido en el Acuerdo Final en lo referente al cronograma para facilitar el proceso de dejación de armas, específicamente, procura suministrar un balance en lo concerniente al desarrollo del acuerdo de la ley de Amnistía, Indulto y tratamientos penales especiales. En ese sentido, y de conformidad con lo pactado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, se estableció un procedimiento de excarcelación para las personas privadas de la libertad acusadas de pertenecer o colaborar con la insurgencia, procedimiento que con la aprobación de la ley 1820 del 30 de diciembre de 2016, por medio de la cual se  dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones, se convirtió en la primera pieza de la producción legislativa de dicha implementación, suponiendo así el  inicio del procedimiento de excarcelaciones masivas a nivel nacional.

Lo establecido en la ley de amnistía desarrolló inicialmente 3 mecanismos de excarcelación para aquellas personas privadas de la libertad, acusadas de pertenecer o colaborar con la insurgencia y previamente reconocidas e inscritas en los listados entregados por las FARC-EP al gobierno nacional:

1) La cesación y/o preclusión del procedimiento penal para las delitos políticos o conexos, tipificados en los artículos 15 y 16 de la ley de amnistía y quienes saldrían bajo la figura jurídica de Amnistía de IURE. 2) Libertad condicionada para aquellas personas cuyos delitos no se encuentran relacionados en los artículos 15 y 16 y han permanecido privados de la libertad por 5 o más años; y 3) La figura de traslado a Zona Veredal Transitoria de Normalización para quienes, estando privados de la libertad por delitos no amnistiables, llevan detenidos por un tiempo menor a 5 años.

Es pertinente señalar que dicha Ley fue concebida y estructurada como un proceso que debió implementarse de oficio, en particular para la amnistía de iure, como su nombre lo indica, y que debía ser resuelta favorablemente por las autoridades judiciales a los 10 días siguientes de haber entrado en vigor, sin embargo, después de más de 320 días, dicho procedimiento continúa presentando serias dificultades para su cumplimiento efectivo.

Las peticiones elevadas para los otros beneficios, contemplados en la ley 1820, fueron negadas en su gran mayoría bajo el pretexto del desconocimiento generalizado de los operadores judiciales de este procedimiento y tomando atribuciones que no eran de su competencia. El efecto real de esta ley fue bastante limitado lo cual hizo necesario emitir un decreto reglamentario que desarrollaría lo ya formulado en la ley de amnistía. Fue así que mediante el decreto 277 del 17 de febrero, se estableció el procedimiento para la efectiva implementación de la Ley 1820. Es en ese mismo decreto donde se incluyó la designación y nombramiento del Secretario Ejecutivo de la JEP a cargo del Jefe de la Misión en Colombia de NNUU, así como lo correspondiente a los contenidos de las Actas de compromiso de amnistía de IURE y sometimiento a la JEP (libertad condicionada).

Ante la desnaturalización del delito político, la criminalización de la oposición política, el auge del populismo punitivo y la aplicación de la doctrina del derecho penal del enemigo, podemos dar cuenta que el 70% de las personas privadas de la  libertad y reconocidas por las FARC-EP, no han sido vinculadas al proceso por delitos de rebelión o conexos, sino, en muchos casos, por delitos comunes que no son incluidos en los delitos amnistiables establecidos por la Ley de amnistía y quedando a disposición del tratamiento definido por la sala de amnistía e indulto y por la sala de reconocimiento de situaciones jurídicas de la JEP.

Es importante aclarar que para obtener el beneficio de amnistía de IURE, se debe firmar el acta de compromiso mencionado en el art. 14 de la ley 1820 y art. 7 del decreto 277 de 2017 (anexo 1) y presentar la petición al juez competente o a la Fiscalía. Para libertad condicionada (antes, también para traslado a Zona Veredal) es necesario firmar acta de compromiso ante el secretario de la JEP o sus delegados, y cumplir con uno de los tres requisitos del art.6 del decreto 277 de 2017, referente al ámbito personal. Estos son: a) Certificado emitido por el Alto Comisionado para la Paz, en virtud del listado presentado, b) que la providencia judicial sea por que condene, procese o investigue por pertenencia o colaboración con las FARC-EP.  C) Que la sentencia condenatoria indique la pertenencia del condenado a las FARC-EP.

En ese sentido fue necesario establecer un cronograma para la suscripción de actas de compromiso ante el secretario Ejecutivo de la JEP. Después de diversos retrasos por parte de la Secretaria Ejecutiva, entre ellos la interpretación restrictiva de suscribir actas de compromiso de manera exclusiva para personas acreditadas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, finalmente fue posible que el 7 de marzo se iniciara con este cronograma, que a la fecha aún no ha terminado, entre otras, porque los listados se entregaron de forma parcial y se presentaron permanentes cambios a las fechas acordadas.

A esto se le suma que todas las medidas judiciales que ordenaron los traslados a la ZVTN no pudieron efectuarse sino hasta 4 meses después, dado que los incumplimientos en materia de construcción de la infraestructura de las Zonas Veredales implicó también la inexistencia de espacios para los prisioneros que llegarían bajo esta orden judicial.  Al igual que en las demás ZVTN del país, estas infraestructuras fueron construida por los mismos ex combatientes, en este caso concreto las y los prisioneros, que de manera periódica serían trasladados bajo la custodia del INPEC[1] Cabe resaltar que en un principio se iban a habilitar diferentes ZVTN (1 zona por bloque) para la recepción de prisioneros de las FARC-EP beneficiados con el traslado a ZVTN, pero una vez más, el gobierno nacional no cumplió lo acordado.

Cuando se consideraba que ya este procedimiento por fin seria implementado de manera efectiva y masiva, el 6 de marzo de 2016 la rama judicial decide suspender sus actividades en importantes distritos judiciales lo cual implicó que, durante un mes y medio (hasta el 21 de abril del mismo año), quedaran suspendidas todas las solicitudes, asistiendo de esta manera a un nuevo retraso en la efectiva implementación de este acuerdo[2]

Finalizado el paro judicial y después de acordar con MinHacienda el desembolso de 5.000 millones de pesos que permitieran la creación de cargos para descongestión y atención de las solicitudes contempladas en la ley 1820, lamentablemente su aplicación continuó con resistencias e intransigencias sistemática y generalizadas, obstáculos interpuestos permanentemente por los operadores de justicia y lo cual fue denunciado por la Coalición Larga Vida a las Mariposas en uno de sus pronunciamientos:

“Identificamos una grave omisión de la ley y barreras de acceso a la justicia por parte de jueces y fiscales, como la ausencia de voluntad y negligencia para conceder los beneficios e inaplicabilidad del principio de favorabilidad. Las negativas se han fundado en que: Las y los prisioneros no están en los listados de las FARC-EP o no cuentan con certificación de reconocimiento expedida por el Alto Comisionado para la Paz, pese a que los delitos por los cuales han sido condenados o procesados se atribuyen a las FARC-EP; ii) No está en funcionamiento la Jurisdicción Especial de Paz; iii) No tienen acta de compromiso suscrita ante el secretario de la JEP. A esta situación suma el irrespeto del término de 10 días para resolver las peticiones de beneficios y las jornadas de paro de labores que adelantan los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, Tunja e Ibagué, que impiden presentar nuevas peticiones o interponer recursos ante decisiones negativas”[3] . A esos impedimentos por parte de los operadores de justicia también se suman actuaciones del ministerio público, que a pesar de fungir como garante de la sociedad, “se ha convertido en otro Obstáculo en el cumplimiento efectivo de los procedimientos contemplados en la mencionada ley, toda vez que se OPONE sin Razón Jurídica a los Autos Interlocutorios en los  que los Jueces de  dichos Despachos conceden los Beneficios consagrados en la Ley 1820 de 2016, solo con el fin de OBSTACULIZAR LA SALIDA DE LOS PRISIONEROS POLITICOS DE LAS FARC-EP. Caso concreto el señor BERNARDO MOSQUERA MACHADO – mediante oficio No. PJ-174 II-17-199 – PROCURADURIA 174 JUDICIAL II PENAL DE TUNJA – INTERPONE – RECURSO DE APELACIÓN – CONTRA LA PROVIDENCIA QUE CONCEDIÓ AMNISTIA DE IURE – LIBERTAD CONDICIONADA”[4]  , esto sumado a las permanentes negativas e indecisiones de los jueces en no decretar las conexidades, redosificaciones y acumulaciones de penas. Así mismo cabe resaltar la falta de compromiso de los fiscales frente a la aplicación de la ley 1820 y su negligencia en solicitar audiencias ante los jueces de conocimiento, investigar la existencia de los procesos para solicitar la conexidad de los mismos ante los jueces de conocimiento, entre otros.

Ante este panorama, desde el 26 de junio y durante 27 días, se desarrolló una jornada nacional de protesta pacífica y huelga de hambre en 23 establecimientos carcelarios del país con la participación de más de 1.523 prisioneros de las FARC-EP, exigiendo la implementación efectiva del procedimiento contemplado en la ley 1820 de 2016.

Como resultado de esta movilización, y en desarrollo de los reiterados compromisos pactados entre el Gobierno Nacional y Las FARC-EP emanados del Conclave de Cartagena, y la creación de un equipo conjunto entre Gobierno y FARC-EP para encontrar rutas que permitieran agilizar el procedimiento de excarcelaciones, se estableció una jornada de trabajo conjunta entre los

abogados  defensores de prisioneras y prisioneros políticos que adelantan el proceso de solicitudes de aplicación de la ley 1820, la secretaria Ejecutiva  de la JEP, OACP, INPEC, Consejo Superior de la Judicatura, Ministerio Publico, Defensoría del Pueblo, Países Garantes y CSIVI. De esta reunión, entre otros compromisos importantes, se estableció la expedición de un nuevo decreto reglamentario. Decreto que no obstante de haber sido acordado entre las partes, de manera unilateral es cambiada su redacción por el Gobierno Nacional, de tal suerte que termina siendo un decreto que no tiene ninguna relevancia, pues no estableció de manera clara, como se había acordado en su redacción inicial, que es la Jurisdicción Especial para la paz la que se encargará de determinar si las conductas por las cuales las y los prisioneros  se encuentran procesado o condenados fueron cometidas con relación al conflicto armado, hablamos del decreto 1252 del 19 de julio de 2017.

Teniendo en cuenta que el compromiso adquirido por el Gobierno Nacional después de varios conclaves de seguridad jurídica, además de los acuerdos a nivel de la CSIVI y ante la negativa de los jueces de tramitar favorablemente las solicitudes de excarcelación contempladas en la ley 1820 y su decreto reglamentario, se estableció una figura administrativa para nombrar como Gestores de Paz mediante resolución administrativa 285 del 28 de julio de 2017, a quienes aún continuaran privados de la libertad, antes del 15 de agosto, con el propósito de garantizar su real excarcelación. Se estableció un compromiso para nombrar 709 Gestores inicialmente y posteriormente una nueva resolución se emitiría para los que aún quedaran privados de la libertad. Sin embargo, cabe resaltar que de estos 709 nombrados como gestores, 172 quedaron excluidos y la segunda resolución que nombraría a los demás gestores jamás fue emitida.

Simultáneamente, y previendo la finalización para el 15 de agosto de 2017 de las ZVTN,  se expide el decreto 1274 del 28 de julio de 2017, herramienta jurídica con la cual se pretendió que quienes llevaran menos de 5 años privados de la libertad quedaran en libertad condicionada a disposición de la JEP, previa firma del acta de compromiso. Sin embargo, al día de hoy, algunos jueces continúan ordenando traslados a ZVTN (pabellón de Paz simón Trinidad) y en otras ocasiones, a quienes aún se encuentran allí, se les ha negado su libertad condicionada desconociendo el artículo 4 de dicho decreto.

Igualmente, con la finalización de la ZVTN, debió mantenerse el procedimiento de suspensión de ejecución de órdenes de captura para los miembros de las FARC-EP que hicieron dejación de armas mediante decreto 900 del 29 de mayo de 2017, así como notificación de las amnistías administrativas establecidas en los decretos 1096, 1165, 1033 y 1565.

A pesar de los anteriores compromisos y finalizado el cronograma de dejación de armas, más de 1.500 prisioneras y prisioneros continuaron privados de la libertad, lo cual fue denunciado através de un comunicado donde la Misión de la ONU en Colombia controvierte el hecho de que los miembros de la guerrilla sigan en prisión más de seis meses después de que el Congreso aprobara la Ley de Amnistía y dos semanas después de que  la Misión verificara la dejación de más de 7.000  armas individuales el 27 de junio de 2017, señalando que este incumplimiento socava el proceso de reincorporación y la consolidación de la paz[5].

De manera formal las FARC han hecho entrega parcial a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz un listado con los nombres de 3.609 personas privadas de la libertad reconocidas como miembros de la organización y recluidos en las cárceles colombianas (así como en cárceles del extranjero) de las cuales se han acreditado por cuenta de esa Oficina solamente 3.041. Después de múltiples retrasos con el procedimiento de acreditación, ahora se suma la decisión unilateral del Gobierno Nacional, según comunicado del 25 de septiembre de 2017,  de cerrar arbitrariamente el proceso de recepción de los listados en contravía de lo acordado: “Serán representantes legítimos para presentar ante las autoridades, incluidas las judiciales, o ante la Jurisdicción Especial de Paz, los listados  de personas integrantes de la organización rebelde que haya suscrito el Acuerdo Final de Paz, los representantes designados por las FARC-EP  expresamente para ese fin, listados que serán verificado conforme a lo establecido en el Acuerdo Final de Paz. Tales listados podrán presentarse hasta que se haya terminado de examinar por la sala de amnistía e indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz la situación legal de todos los integrantes de las FARC-EP”[6]. Además de este “cierre” arbitrario de listados, se suma la declaración unilateral del Gobierno Nacional de excluir de los listados personas que han hecho parte del proceso de dejación de armas  y que han sido acreditadas por las FARC como miembros de su organización, para posteriormente adelantar procesos judiciales, incluso con fines de extradición, como lo ocurrido en el ETCR de Tumaco con el miliciano Aldemar Ruano o Francisco Pineda Paredes, miliciano del anterior frente 48 y quien también adelantaba su proceso de reincorporación.

Con esta decisión, 252 personas privadas de la libertad reconocidas por las FARC se encuentran sin posibilidad de acceder al proceso de reincorporación ni a los procedimientos establecidos en la ley de amnistía.

A la fecha de elaboración de este informe han recobrado su libertad de manera efectiva 2.972 ex combatientes que se encuentran relacionadas en los listados de las FARC de personas privadas de la libertad. Después de casi un año de entrada en vigor el procedimiento de amnistía, quedan aún privados de la libertad 726 prisioneras y prisioneros políticos, casi un 30% de personas incluidas en los listados de las FARC; 523 de estas aún no han sido acreditadas por la OACP (Oficina del alto Comisionado para la Paz), entre otras por la definición no consensuada del cierre de listados. De este universo destacamos que pasados los 3 meses de otorgamiento de la condición de Gestores de Paz fue necesario extender esta figura por 3 meses más ante la insistente negativa de las autoridades judiciales de conceder la libertad condicionada para 351[7] gestoras y gestores de paz quienes actualmente se encentran en un limbo jurídico al no estar concretamente definida su situación.

Este punto en particular, al igual que otros del conjunto del acuerdo, se enmarca en la incapacidad institucional del conjunto del Estado en aplicar efectivamente lo especificado en el desarrollo normativo, incluyendo la violación al cese bilateral definitivo por conductas relacionadas con hostilidades por parte del cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC para con los prisioneros políticos de las FARC. Desde la entrada en vigor del acuerdo final han sido documentadas denuncias relacionadas con tratos crueles, inhumanos o degradantes en establecimientos penitenciarios; golpizas, vidrios en los alimentos, negligencia en la prestación del servicio de la salud, etc., como lo ha denunciado la Corporación Solidaridad Jurídica el pasado 23 de septiembre del año en curso.

“Roberto Sepúlveda Muños, o Arturo, como se le conocía en la organización, se encontraba recluido en el patio número 8 de la cárcel del Barne (Tunja) y fue ingresado el día 22 de septiembre al hospital San Rafael en la ciudad de Tunja con un cuadro clínico bastante delicado. Roberto falleció en la fría habitación de cuidados intensivos del hospital San Rafael, en la completa indiferencia del Gobierno Nacional y del INPEC[8].

A esta denuncia se suma la muerte del bebé prematuro ocurrida el 14 de abril del presente año en el hospital de Engativá, de la ex prisionera política Rocío Cuellar Guevara, integrante de esta guerrilla y quien se encontraba recluida en la cárcel del Buen Pastor de Bogotá[9]. Igualmente cabe resaltar las continuas agresiones por parte del INPEC hacia los prisioneros políticos de las FARC, la más reciente el pasado viernes 10 de noviembre en la cárcel la Picota de la ciudad de Bogotá que dejó más de 100 prisioneros, incluidos miembros de las FARC, con serias lesiones; asimismo el hurto de pertenencias y el aberrante robo y destrucción de medicamentos, sin que a la fecha se hayan adelantado investigaciones disciplinarias pertinentes ante los hechos denunciados.

Por otro lado, el miércoles 13 de julio del año en curso, la Corporación de abogados SUYANA, perteneciente a la Coalición Larga Vida a las Mariposas, denunció que “se presentaron agresiones por parte de presos sociales con la connivencia de la guardia del INPEC contra prisioneros políticos recluidos en el patio 4. Estas agresiones dejan 13 heridos, entre ellos varios prisioneros políticos de las FARC-EP heridos levemente y dos presos sociales heridos de gravedad[10].

Vale la pena mencionar que no existe una ruta diferenciada de reincorporación para las y los ex prisioneros que permita una reincorporación digna e integral, que garantice el goce efectivo de derechos y oportunidades, esto teniendo en cuenta sus condiciones y características propias de su estancia en reclusión, algunas de ellas por más de 20 años. De manera particular llama la atención la precariedad en materia de salud, así como sus condiciones de seguridad, a lo corrido de la elaboración del informe, del total de excombatientes de FARC asesinados, 9 corresponden a ex prisioneros políticos de las FARC.

Vemos con preocupación la ausencia real de medidas que garanticen la suspensión real de órdenes de captura para excombatientes de la FARC  al igual que la persistente negativa por parte de jueces y fiscales de aplicar de manera efectiva la ley de amnistía,  que no solamente impide la excarcelación de las y los prisioneros de las FARC-EP, sino que además genera un estado de desasosiego e incertidumbre en todos los miembros de la insurgencia, toda vez que este tipo de situaciones recrea un ambiente de desconfianza en materia de seguridad jurídica. Se han documentado 18 casos de detenciones a nivel nacional de excombatientes de las FARC[11]  a quienes al momento de su detención no se había hecho el procedimiento de suspensión de las órdenes de captura. A la fecha de elaboración del presente informe aún continúan privados de la libertad de manera ilegal David Guiza Vargas, Emiro Ruiz Daza y Blanca Zaira, pese a tener toda su documentación en regla. Es un imperativo que de manera definitiva las autoridades judiciales y de policía actualicen sus bases de datos y se establezcan los protocolos y procedimientos necesarios para que este tipo de situaciones no continúen repitiéndose.

 

EX PRISIONEROS POLÍTICOS ASESINADOS EN 2017

1-LUIS ÁLVARO ORTIZ CABEZAS

Asesinado el 16 de abril en Tumaco-Nariño

2-RULBER SANTANA PARRA

Asesinado el 30 de mayo en Pto. Rico-Caquetá

3-RIGOBEL QUESADA GAR

Asesinado el 19 de junio en San Vicente del Caguán-Caquetá

4-JUAN FERNANDO AMAYA VALENCIA

Asesinado el 12 de julio en Ituango-Antioquia

5-LUIS HERNANDO SÁNCHEZ COPETE

Asesinado el 03 de agosto en Quibdó-Chocó

6-LUIS ALBERTO CASTRO MICOLTA

Asesinado el 14 de agosto enTumaco-Nariño

7-LUIS ALFONSO ROPERO CAMELO

Asesinado el 31 de agosto en Granada-Meta

8-JHON ALEXANDER DELGADO SALAZAR

Asesinado el 04 de septiembre en Pto. Asís-Putumayo

9-LUIS HERMINSUL HINESTROZA

Asesinado el 10 de septiembre en Tumaco-Nariño

10-ALBEIRO LÓPEZ

Asesinado el 15 de octubre en Convención-Nrte. de Santander

11-DALADIER ORTIZ VÁSQUEZ

Asesinado el 11 de noviembre en Ituango-Antioquia

 

Desarrollo Normativo Procedimiento de Amnistías e Indultos

 

Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016

Decreto1274 de julio de 2017

Decreto 277 del 17 de febrero de 2017

Decreto 1252 del 19 de julio de 2017

Resolución 285 del 28 de julio de 2017

Resolución 375 del 26 de octubre de 2017

Decreto 1096 del 27 de junio de 2017

Decreto 1165 del 10 de julio de 2017

Decreto1565 del 25 septiembre de 2017

Decreto 900 del 29 de mayo de 2017

Decreto 1033 del 12 de junio de 2017

 



[1] Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

[2] http://caracol.com.co/radio/2017/03/26/judicial/1490484499_444769.html

[3] Incumplimientos de ley de amnistía violentan los DDHH y el acuerdo final de paz. CLVM. Abril de 2017 http://solidaridadjuridica.org/?p=5647

[4] Juzgados de Tunja se Niegan a Aplicar lo establecido en la ley 1820 de 2016. http://solidaridadjuridica.org/?p=5682

[5] Comunicado del 13 de julio de 2017 de la Misión de NNUU. http://generacionpaz.co/content/onu-le-hala-las-orejas-gobierno-por-incumplimientos

[6] Ley de Amnistia, Indulto y Tratamientos Penales Especiales, Acuerdo Final. Artículo 25, página 296.

[7]Resolución 375 del 26 de octubre de 2017

[8] Muere Roberto Sepúlveda, Prisionero Político de lasFARC. http://solidaridadjuridica.org/?p=5709

[9]http://caracol.com.co/radio/2017/04/15/nacional/1492218077_469887.html

[10]http://corporacionsuyana.wixsite.com/suyana/single-post/2017/07/13/En-riesgo-la-vida-de-prisioneros-pol%C3%ADticos-recluidos-en-el-EPMSC-Cali

[11]https://www.elespectador.com/noticias/paz/timochenko-denuncia-captura-de-mujer-integrante-del-estado-mayor-central-de-las-farc-articulo-706518

 

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