¡Santrich Libre! Algunas Consideraciones Jurídicas Sobre Su Injusta, Ilegítima e Ilegal Detención


Santrich

La captura de Jesús Santrich supone el punto más crítico en todo el proceso de paz y amenaza con sepultar, por otras varias décadas, los anhelos de la construcción de una sociedad reconciliada, diversa y democrática. La persecución a Jesús no es solo contra él, ni contra el Partido, sino contra la posibilidad cierta de consolidar la paz en nuestro país.

Corresponde entonces a los sectores democráticos, progresistas y constructores de paz, defender sin ambages la soberanía nacional, el Acuerdo de la Habana, las instituciones que creó y, en consecuencia, respaldar absolutamente a Jesús.

A continuación se exponen algunos elementos de análisis jurídico y fáctico:

  • LA ACUSACIÓN 

En primer lugar, debemos aclarar y afirmar enfáticamente que a Santrich no se le acusa de haber narcotraficado un solo gramo de cocaína, ni de cometer delito alguno relacionado con Estados Unidos y su ciudadanía. La investigación en su contra es por, según una autoridad del distrito de Nueva York, conspirar para traficar una gran cantidad de droga, sin que tal conspiración se hubiera efectivamente materializado. Los hechos de la investigación oficial se basan en que Santrich, supuestamente, pensó enviar un cargamento de cocaína, pero nunca lo hizo.

De esta manera, con el beneplácito y sumisa obediencia de las autoridades colombianas, una Corte de Nueva York pretende juzgar hechos supuestamente ocurridos en Colombia, por nacionales colombianos, en los que no se vulneró derecho o bien jurídico alguno de ningún ciudadano estadounidense o de su régimen legal. A todas luces, la soberanía nacional se ve mancillada de forma flagrante al tolerar tal injerencia ilegítima, ilegal,  inconstitucional y evidentemente irregular.

  • LOS HECHOS 

Es muy complejo referirse a hechos cuya única fuente son los medios masivos de comunicación que, de manera inescrupulosa y tergiversada, dotan de un inexistente valor probatorio a determinados sucesos y situaciones, de los que se desconoce si hacen o no parte del proceso legal y en qué medida; para llevar a cabo juicios mediáticos, que son realmente linchamientos públicos, sin respeto alguno a la presunción de inocencia y a los demás  elementales derechos que tiene cualquier ciudadano en un debido proceso. Lo cierto es que, de manera oficial, al interior de un proceso legal en que se puedan contrastar y controvertir elementos de prueba, aportados oportunamente, según las solemnidades de ley, no se conoce absolutamente nada.

Con esa claridad y especulando a partir de la adulterada información conocida por medios, todas las circunstancias que rodean los supuestos hechos investigados contradicen las reglas elementales de la lógica, la sana crítica y la costumbre: resulta increíble que la DEA descubriera el inminente envío de 10 toneladas de cocaína, por las que se pagarían 15 millones de dólares en Estados Unidos, en una operación dirigida por un ex comandante de las FARC congresista electo del ahora partido político, y que desperdiciara la oportunidad de exhibir el decomiso efectivo de la droga, la incautación del dinero y el develamiento de las rutas usadas y la red de cómplices, tanto en Colombia como en Estados Unidos.

Así mismo, es absolutamente inverosímil que Santrich, ex comandante guerrillero que sobrevivió a una feroz guerra, en la que, para hacerlo, debió tomar medidas de seguridad sumamente estrictas y rigurosas, durante cerca de 30 años, hubiera llevado a un capo del Cartel de Sinaloa a la sala de su casa, custodiada ininterrumpidamente por agentes de la Policía Nacional, a planear el envío de 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Finalmente, sobre el origen de la supuesta droga, según un titular tergiversado y malintencionado, pero a la vez risible, de BluRadio, que dice citar a “fuentes de la Fiscalía y la DEA”, la “Droga que Santrich iba a mandar a EEUU era del Clan del Golfo, “Guacho” y ELN” (¡!).Nuestro eje del mal criollo, unido todo, en esta empresa criminal. Les faltó incluir a Al Qaeda, Isis y la KGB, para terminar de redondear el círculo. Realmente inconcebible.

Lo demás, son fotografías de personas desconocidas o grabaciones de terceros, de las que ni remotamente se puede inferir responsabilidad alguna de Santrich.

  • LA JEP Y LA EXTRALIMITACIÓN DEL FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN

Una vez suscrito el Acuerdo de Paz y tras someterse a la JEP, ésta pasó a ser la jurisdicción natural y preferente para conocer y adelantar las investigaciones en contra de los ex integrantes de las FARC-EP y resolver su situación jurídica: el artículo 19 del Acto Legislativo 01 de 2017, que introdujo en la Constitución Política el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición, y que regula lo relativo a la extradición, es diáfano en establecer que “Cuando se alegue, respecto de un integrante de las FARC-EP o de una persona acusada de ser integrante de dicha organización, que la conducta atribuida en la solicitud de extradición hubiere ocurrido con posterioridad a la firma del Acuerdo Final, la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz evaluará la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización y decidir el procedimiento apropiado.

El Fiscal General de la Nación tiene pleno conocimiento de que la autoridad y jurisdicción competente para adelantar cualquier trámite relacionado con Jesús Santrich es la Juridisdicción Especial para la Paz y su Unidad de Investigación y Acusación. Sin embargo, incurriendo en abuso e ilegalidad, al abrogarse facultades que no tiene, decidió unilateralmente -y sin informar, avisar, o tener siquiera una comunicación posterior con la autoridad competente-, desarrollar un operativo a todas luces desproporcionado y malintencionado, desplegando más de 50 unidades armadas para capturar a un hombre ciego, custodiado todo el día por varios agentes de la Policía Nacional, en la sala de su casa.

  • LA PRIVACIÓN INJUSTA, INDEBIDA, DESPROPORCIONADA E ILEGAL DE LIBERTAD

En estricto sentido jurídico formal, Jesús Santrich ha estado ilegalmente privado de la libertad desde el momento mismo de su captura, porque tal grave restricción a sus derechos fundamentales fue efectuada por una autoridad que no tenía la facultad para hacerlo. Así, la consecuencia necesaria de que la JEP asuma competencia “para determinar la fecha precisa de (la)realización” de la conducta cuya responsabilidad supuesta se atribuye a Santrich, es que ordene, de inmediato, su libertad condicionada.

Finalmente, la facultad y obligación de “determinar la fecha precisa de realización”, de la que habla el artículo sobre extradición en cita, no puede ser comprendida de manera escueta como una simple y trivial labor notarial en la cual se verifique únicamente la fecha en que la potencia extranjera diga que está investigando determinado hecho. Por el contrario, para salvaguardar la integridad del Acuerdo de Paz y darle la jerarquía constitucional que tiene, es necesario hacer un análisis de fondo, que permita, al menos, inferir razonablemente la posible comisión de un delito, para ahí sí proceder a tomar las decisiones que considere. De lo contrario, bastaría con que cualquier autoridad judicial extranjera abriera las causas que a bien tuviera por los hechos que considerara, incluso si su supuesta ocurrencia fue en Colombia (como en este caso), en contra de cualquier nacional colombiano, sometido a la JEP, para que esta perdiera su competencia sobre aquel, dejando a merced de autoridades extranjeras el cumplimiento del Acuerdo de Paz. Una evidente y grotesca vulneración a la soberanía nacional. Inaudito.

 

Después de la firma del Acuerdo de Paz hemos venido asistiendo a una pelea despiadadamente asimétrica, en la que los beneficiarios e incitadores de la guerra, poderosos sectores empresariales y políticos, han dispuesto sus capitales y esfuerzos para hacer fracasar el proceso de paz y la posibilidad de transitar hacia una sociedad democrática.

La captura de Santrich se produce en un contexto de grave incumplimiento por parte del Estado colombiano y todas las ramas del poder público a sus compromisos adquiridos en los 6 puntos del Acuerdo de Paz. Pese a ello, las FARC cumplen; la FARC cumplimos. Y seguiremos haciéndolo. Nuestro acuerdo es con la gente, con el pueblo colombiano y sus inmensas mayorías. Sepan los enemigos de la paz que nunca jamás nos verán rendidos ni derrotados.

Al Partido, a las izquierdas, a los sectores democráticos y progresistas, unidad, cohesión y moral en alto, en estos difíciles momentos.

#SantrichLibre

 

Manuel Garzón

CORPORACIÓN SOLIDARIDAD JURÌDICAS

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