Quienes Somos

A finales de los años ochenta las acciones terroristas de los carteles del narcotráfico en Colombia estaban, entre otras cosas, perpetuando asesinatos de funcionarios judiciales a lo largo y ancho del país. Esta coyuntura fue aprovechada por el Estado para crear, a través de los estados de excepción, el Estatuto para la Defensa de la Justicia (decreto 2790 de 1990) la cual estableció la justicia regional, también llamada justicia secreta o justicia sin rostro y luego convertida en legislación permanente. Por medio de la justicia sin rostro, el Estado “cubrió″ el vacío que había dejado la prohibición de que civiles fueran juzgados por la justicia penal militar.

A partir de los diálogos de la insurgencia con el gobierno de Cesar Gaviria Trujillo en 1990, se había desatado una persecución contra los movimientos sociales y populares, dando como resultado la estigmatización, persecución y encarcelamiento por parte del régimen a muchos combatientes y  líderes del movimiento social y popular (sindicalistas, estudiantes y defensores de derechos humanos, entre otros), atestando las cárceles de hombres y mujeres que luchaban por un país mas justo.

La Corporación Solidaridad Jurídica tiene su génesis en la ASOCIACIÓN DE JURISTAS DEMÓCRATAS, la cual asumió la defensa de los perseguidos y detenidos, logrando la libertad de muchos de estos y el respeto por sus derechos civiles en medio del accionar del decreto 2790 de 1990.

La justicia sin rostro se caracterizó por desconocer el principio de la presunción de inocencia; esta justicia establecía la reserva de identidad de fiscales, jueces, tribunales y auxiliares de la justicia, incluyendo al representante de la Procuraduría que actuaba en los procesos. También creó los  famosos testigos sin rostro, figura que fue utilizada para hacer acusaciones y cometer arbitrariedades, a su vez que fue benévola con los grandes capos y delincuentes de cuello blanco mientras que fue bastante rigurosa y arbitraria si se trataba de investigar y juzgar a presuntos o reales prisioneros políticos. Si hubo alguien que sufrió con rigor la severidad de la justicia sin rostro, como ya se expresó, fue el prisionero político.

Se definió que abogados destacados dirigieran la constitución de una organización que asumiera como función exclusiva la defensa de las prisioneras y prisioneros políticos en todo el país. Fue así como el  5 de agosto de 1993 se constituyo la CORPORACIÓN SOLIDARIDAD JURÍDICA, nombre con el que actualmente se conoce.

Cumplida la anterior etapa, surgió el gobierno del señor ANDRÉS PASTRANA, quien inició un proceso de conversaciones en el año de 1998 con la guerrilla de las FARC-EP como una nueva posibilidad de iniciar un proceso de PAZ a pesar de la implementación del Plan Colombia;  como es sabido, este intento fracasó por la intransigencia del régimen político gobernante de la mano de la oligarquía colombiana.

En medio de este contexto nacional el panorama social y político del país estaba matizado  por las constantes masacres y detenciones masivas y sistemáticas. Fue así como luego de constituirse como Corporación Solidaridad Jurídica, en el proceso de reorganización de carácter legal, se presentaron algunos obstáculos por parte de organismos gubernamentales, exigiéndonos requisitos que obstaculizaban el proceso con el fin entorpecer y producir sanciones que pudieran ponerle fin a nuestro funcionamiento y trabajo humanitario. No obstante, esto no fue lo suficientemente sustentado por los enemigos de nuestras justas luchas y finalmente logramos adelantar las diligencias encaminadas a poner al día los requisitos que exigía la administración. Fue de esta manera como se logro la revocatoria de la resolución que había suspendido la actividad de nuestra Corporación y logramos continuar con el trabajo.

Estatutariamente a partir del análisis de las necesidades y producto de la práctica Jurídica, la Corporación Solidaridad Jurídica tiene como objeto la Defensa, Educación, Protección y Organización Jurídica de los sectores sociales más desfavorecidos de la población Colombiana. La C.S.J. está conformada por hombres y mujeres profesionales en diferentes áreas y disciplinas, con pensamiento revolucionario y demócrata, que parten de sus propios recursos, a partir de su trabajo profesional, para materializar en la práctica la solidaridad hacia esos hombres y mujeres, en su mayoría de extracción campesina y que son estigmatizados por vivir en las regiones donde se desarrolla el conflicto social y político-armado en toda su intensidad, haciendo énfasis, en la región del centro oriente Colombiano donde el gobierno ha desarrollado su accionar político-militar con  más intensidad, donde los habitantes de esta región fueron, son y siguen siendo estigmatizados de ser auxiliadores y simpatizantes de la fuerza guerrillera de las FARC-EP, la cual ocupó el territorio donde se desarrollaron los diálogos con el ex presidente pastrana.

A parte de hacer el trabajo y el acompañamiento jurídico a prisionerxs políticxs, la Corporación Solidaridad Jurídica se encarga de dictar talleres sobre derechos humanos en la región ya mencionada e igualmente denunciar, visibilizar y crear conciencia y movilización a partir de un trabajo político organizado con las comunidades. Este trabajo nos permite exponer, visibilizar y denunciar de manera concreta ante la comunidad nacional e internacional, la problemática que vive nuestro país y los mecanismos represivos utilizados por el Estado colombiano para silenciar la voz de un  movimiento social que lleva décadas luchando en pos de justicia social, tierra y libertad.

ENGLISH VERSION

In the late eighties the terrorist actions of the Drug Cartels in Colombia were, among other things, perpetuating murders of judicial officials across the country. This situation was exploited by the state to create, through states of emergency, the Charter for the Defense of Justice (Decree 2790 of 1990) which one established the regional courts, also called secret justice or justice without face (Justicia Secreta Or Justicia Sin Rostro) and then converted permanent legislation. Through justice without face, the State “hide”   the void left by prohibitions which civilians are tried by the military courts.

From the talks of the insurgency with the government of Cesar Gaviria Trujillo in 1990, had unleashed a persecution against popular social movements, given as result a stigmatization, persecution and imprisonment by the regime to many fighters and leaders of the movement social and popular (trade unionists, students and human rights defenders, among others), crowding the prisons of men and women who fought for a more just country)

The Corporation Legal Solidarity has its genesis in the Association of Democratic Jurists which assumed the defense of the persecuted and arrested, achieving freedom from many of these and respect for their civil rights in the action by the decree 2790 of 1990.

The without face justice was characterized by unknown the principle of the presumption of innocence, this  justice established the backup identity of prosecutors, judges, courts and court officers, including the representative of the Attorney who were  acting in processes.  It also created the famous witnesses faceless, figure that was used to make accusations and commit outrages, at the same time that was benevolent to the great lords and white collar criminals while it was quite rigorous and arbitrary if it was about to investigate and judge presumed or real political prisoners. If there was someone who suffered with rigor severity without face justice, as already stated, was the political prisoner.

It was determined that the spec outstanding lawyers establish an organization to assume exclusive role defending political prisoners and prisoners across the country. That was how the August 5th, 1993 Solidarity was formed Legal Corporation, name with actually is known.

Accomplished the previous stage, emerged the government of Mr. Andres Pastrana, who initiated a dialogue process in the year 1998 with the FARC-EP as a new opportunity to begin a process of PEACE despite the implementation of Plan Colombia, as we know, this attempt failed because of the intransigence of the ruling political regime of the hand of the Colombian oligarchy.

Amid this national context the social and political landscape of the country was tempered by the continuing, systematic massacres and mass arrests.  Was in that form was how after established as corporation Juridical Solidarity in the process of reorganization of nature legal, there were some obstacles from government agencies, demanding requirements hindering the process with the objective of  interfere and produce fines that could put an end to our performance and humanitarian work. Nevertheless, this was not supported enough by the enemies of our just struggles and finally we managed to advance the proceedings aimed at updating the administration demanding requirements. It was in this way as achieving the revocation of the resolution that it had suspended the activities of our corporation and we continue to work.

Statutorily from the analysis of needs and product of legal practice, the Corporation aims Solidarity aims to Legal Defense, Education, Protection and Legal Organization most disadvantaged sectors of the Colombian population. The C.S.J. is comprised of professional men and women in different areas and disciplines, with revolutionary and democratic thought, which start from their own resources and from his professional work, to realize in practice solidarity with these men and women, mostly extraction peasant and are stigmatized by living in the regions where it develops the social and political conflict-armed in all its intensity, emphasizing, in the east central region of Colombia, where the government has developed its political and military with more intensity and where the habitants of this region were, are and remain stigmatized to be helpers and supporters of the guerrilla force of the FARC-EP, which occupied the territory where some of the dialogues with former President Pastrana.

A part of doing the work and legal support to politics prisoners, the Corporation Juridical Solidarity handles to deliver workshops on human rights in the region aforementioned and also report, highlight and raise awareness and mobilization from organized political work with the communities. This work allows us to expose, denounce visible and concrete way to the national and international community, the problems that our country and the repressive mechanisms used by the Colombian government to silence the voice of a social movement that has spent decades fighting for fairness social, land and freedom.